El corazón del debate giró en torno a la regulación y el establecimiento de parámetros urbanísticos en un área de aproximadamente 77 hectáreas (lo que representa cerca del 4% del total de las 1.920 hectáreas del área Catedral), bajo control del dominio público municipal y actualmente concesionada a la empresa Capsa.

1. El eje de la polémica: ¿Desarrollo o Negocio Inmobiliario?

• Postura del Municipio y Capsa: Los funcionarios municipales, liderados por la secretaria de Planeamiento, Sofía Maggi, defendieron firmemente el Plan Director argumentando que busca ordenar territorialmente la zona. Aclararon que el polémico "Capítulo 8" del proyecto original fue eliminado por completo para evitar confusiones. El Ejecutivo recalcó de forma tajante que las tierras son de dominio público e inenajenables, por lo que es un "error jurídico" hablar de una privatización o venta de tierras, manteniéndose firmes bajo el régimen de concesión vigente.
• El factor ambiental y técnico: Durante la audiencia expuso el geólogo Carlos Beros (quien realizó un estudio encargado por la concesionaria). Beros expuso sobre los desafíos del cambio climático, el riesgo de isla de calor en la montaña y el concepto de “riesgo aceptable”. El plan presentado estima una proyección de infraestructura para soportar una carga poblacional máxima de hasta 13.389 habitantes mediante diversos desarrollos inmobiliarios y turísticos.
• Voces de la oposición y rechazo vecinal: El concejal opositor Leandro Costa Brutten (bloque Incluyendo Bariloche) fue uno de los oradores más duros, calificando el proceso como "un saqueo y un negociado" y alertando que el Catedral "no es un negocio inmobiliario de CAPSA, sino el patrimonio inalienable de Bariloche". Diversos referentes vecinales e instituciones intermedias cuestionaron los pasos administrativos previos, tildando el proceso de "irregular" y argumentando que una audiencia pública no reemplaza un verdadero proceso participativo y técnico previo.

2. El respaldo de los trabajadores y sectores productivos

Un componente clave en el recinto fue la masiva participación de empleados de la firma concesionaria Capsa y sindicatos, quienes defendieron el proyecto de desarrollo argumentando que las inversiones proyectadas en el cerro garantizan la estabilidad de sus puestos de trabajo, el crecimiento del empleo local y la modernización de la infraestructura de esquí (como la ampliación de los sistemas de cañones de nieve para mitigar la escasez climática). Dirigentes de varias juntas vecinales también avalaron el plan bajo la premisa de dinamizar la economía de Bariloche.

3. El contexto judicial previo

La audiencia se desarrolló bajo un clima de máxima tensión, ya que días antes sectores opositores y entidades profesionales acudieron a la Justicia con un recurso de amparo y una medida cautelar para exigir su suspensión. Sin embargo, la Justicia rechazó la cautelar y habilitó la realización de la audiencia, permitiendo que el debate siguiera su curso institucional, aunque sin resolver todavía la cuestión de fondo sobre las presuntas irregularidades denunciadas.

4. Organización y desarrollo de la jornada

• Convocatoria masiva: Hubo un total de 114 oradores inscritos previamente para exponer sus posturas, reflejando el fuerte fraccionamiento de la comunidad frente al modelo de ciudad.
• Seguridad y Control: Para evitar disturbios, el municipio implementó un estricto control de ingreso mediante pulseras identificatorias por sectores, prohibiendo estrictamente la entrada con carteles políticos o instrumentos de percusión (bombos).
• Próximos pasos: Al tratarse de una instancia obligatoria pero no vinculante, las opiniones vertidas quedaron registradas en un acta oficial. El Poder Ejecutivo municipal tiene previsto emitir el dictamen correspondiente de la audiencia pública a mediados de junio, paso previo para que el proyecto continúe su tratamiento y posterior votación en el Concejo Municipal de Bariloche.

La audiencia dejó en evidencia las dos visiones de desarrollo que conviven en Bariloche: una que prioriza la atracción de inversiones privadas, infraestructura turística y generación de empleo de la mano de la concesión actual; y otra que reclama mayor rigurosidad ambiental, control estatal estricto y protección del patrimonio público frente a lo que consideran una expansión inmobiliaria desmedida en la montaña.