Un grave conflicto laboral y sindical sacude al Centro Atómico Bariloche (CAB). Representantes de los trabajadores presentaron formalmente una denuncia y un nuevo pedido de audiencia ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Río Negro contra la cúpula de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La presentación apunta directamente al presidente del organismo, Martín Porro; al vicepresidente, Luis Rovere; y al gerente de coordinación del CAB, Pablo Raciopi, a quienes acusan de ejercer prácticas antidemocráticas, desleales y de violar la Ley de Asociaciones Sindicales.

La medida fue impulsada tras el despido y la prohibición de ingreso a las instalaciones de Luis Surra, referente gremial de los trabajadores tercerizados, quien se desempeña en el predio de forma ininterrumpida desde marzo de 2011. Según denunciaron los afectados, el resto del personal de la anterior firma prestadora de servicios fue absorbido por la nueva empresa contratista, quedando únicamente el delegado excluido de su puesto de trabajo.

"Llevo casi 16 años trabajando en ese lugar todos los días. El sector tercerizado cumple incluso una mayor carga horaria que los trabajadores de planta, con 44 horas semanales frente a las 40 del personal reconocido. Esto es una actitud claramente antisindical y persecutoria por el solo hecho de estar sindicalizado", manifestó Surra tras entregar la nota en el Centro Administrativo Ministerial.

Denuncias de "fraude laboral" y empresas fantasma

El origen del conflicto se remonta al reciente traspaso de firmas contratistas, donde la empresa saliente, Algeri, fue reemplazada por Groove, firma vinculada a La Mantovana (compañía que ya había mantenido al personal de limpieza sin trabajar durante dos meses hasta una resolución judicial). Desde el gremio calificaron la situación como un "fraude laboral" y señalaron la presunta complicidad de las autoridades de la CNEA.

Según explicaron, las leyes de Río Negro exigen que cualquier empresa que opere en el territorio posea un asentamiento o dirección física demostrable en la provincia. Sin embargo, en el marco de un recurso de amparo presentado por los trabajadores, la justicia provincial no ha podido siquiera notificar a las empresas involucradas debido a la inexistencia de oficinas reales en Bariloche, lo que llevó a los denunciantes a catalogarlas como "empresas fantasma".

Carolina, compañera de trabajo de Surra, expresó la urgencia del caso y el desamparo en el que quedan los empleados tercerizados: "Las autoridades de CNEA son cómplices. Sacaron a la primera persona que defiende a todos los trabajadores en una situación muy confusa de contrataciones por tres meses, donde no se respeta la antigüedad. Es un manoseo horrible".

Judicialización y contexto nacional

Por su parte, desde la conducción gremial que acompaña el reclamo informaron que el recurso de amparo iniciado en el fuero provincial fue derivado al fuero federal, donde continúa su curso administrativo. No obstante, advirtieron que la estrategia principal se mantendrá firmemente en la movilización pública.

"Estamos exigiendo la inmediata restitución del compañero y el libre acceso del sindicato al Centro Atómico para realizar asambleas, algo que las autoridades actualmente impiden", señalaron las representantes gremiales del sector. Asimismo, alertaron que el caso de Surra no es un hecho aislado dentro del CAB, ya que recientemente se registraron también despidos de profesionales médicos en la Fundación Intecnus y de trabajadoras del sector de limpieza.

Finalmente, los portavoces gremiales enmarcaron la situación dentro del actual contexto nacional de reforma laboral, denunciando un intento de avasallamiento contra las organizaciones sindicales y los derechos conquistados por la clase trabajadora.