En una presentación ante el Concejo Municipal, representantes de diversas instituciones de Bariloche manifestaron su rechazo al proceso técnico que se viene llevando adelante para el proyecto de Rango 1. A través de la abogada Josefina González Elizondo, patrocinante del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros y las juntas vecinales de Villa Lago Gutiérrez, Los Cohihues y Cerro Catedral, se informó sobre la judicialización del reclamo ante la falta de respuestas en la vía administrativa.

El reclamo: "Volver al 9 de febrero"

El eje del conflicto radica en la interrupción de la reunión del Consejo de Planeamiento Municipal (CPM) del pasado 9 de febrero. Según los denunciantes, la Unidad Coordinadora levantó la sesión cuando solo se habían abordado dos de los cuatro puntos del orden del día, dejando temas críticos sin resolver por parte del CPM, entre ellos, la fijación de la fecha para la audiencia pública.

"La participación es reglada y no se puede saltar etapas", señalaron. Los representantes institucionales sostienen que la Unidad Coordinadora avanzó fijando plazos y fechas de manera unilateral, sin que el CPM completara su dictamen de manera presencial y técnica.

Puntos clave de la impugnación:

• Falta de informes técnicos: Denuncian que se pretende llegar a una audiencia pública sin los informes técnicos de las áreas municipales correspondientes que evalúen el plan presentado por el consultor externo.
• CPE no conformado: Advierten que el Consejo de Planificación Estratégica (CPE) fue convocado como observador pero, al no estar formalmente conformado, su participación fue nula, invalidando la transparencia del proceso.
• Cumplimiento de la normativa: Compararon la situación con una sesión legislativa que se pretende realizar sin haber pasado por las comisiones previas obligatorias.

A pesar de haber recurrido a una medida cautelar ante la inminencia de la audiencia pública, los sectores involucrados recalcaron que su intención no es judicializar la planificación de la ciudad, sino garantizar que sea legal.

"El Poder Judicial no debería estar tratando estas cuestiones si se cumplieran los pasos institucionales", afirmó González Elizondo, instando al Ejecutivo y al Concejo a retomar el camino del cumplimiento normativo para asegurar una participación comunitaria real y no meramente formal antes de avanzar con la audiencia.