La Legislatura de la provincia de Río Negro evalúa un proyecto de ley integral diseñado para abordar una problemática creciente en la sociedad: el sobreendeudamiento de las familias. La propuesta tiene como eje central la creación de mecanismos estatales de asistencia, asesoramiento y mediación para evitar el colapso de la economía de los hogares rionegrinos frente a compromisos financieros que se han vuelto imposibles de afrontar.

El proyecto reconoce que el endeudamiento asfixiante deteriora no solo la calidad de vida material, sino también la salud psicofísica de los ciudadanos. Por este motivo, el texto normativo busca equilibrar la balanza entre las entidades financieras o acreedores y los usuarios de servicios financieros, quienes suelen encontrarse en una posición de vulnerabilidad estructural.

Un fondo de rescate y protección institucional

La iniciativa contempla la puesta en marcha de dos herramientas fundamentales para brindar una red de contención a los sectores más afectados por los desfasajes económicos.

Los pilares del proyecto normativo:

• Fondo de Alivio Financiero: Se propone la constitución de un fondo de emergencia destinado a reestructurar deudas, ofrecer tasas de refinanciación accesibles y otorgar asistencia económica directa en casos de extrema vulnerabilidad habitacional o alimentaria.
• Defensoría del Deudor: Se plantea la creación de una oficina específica dedicada a ofrecer asesoramiento jurídico gratuito, asistencia técnica y acompañamiento a los consumidores afectados frente a abusos o cobros indebidos.
• Instancia de mediación obligatoria: Se busca establecer un paso previo obligatorio de negociación entre deudores y entidades acreedoras, con el fin de acordar planes de pago sostenibles que no comprometan los ingresos elementales de subsistencia.

Hacia una mayor equidad y sustentabilidad del consumo

En los fundamentos de la propuesta se resalta que muchas familias han debido recurrir al financiamiento con tarjetas de crédito o préstamos informales a tasas usurarias simplemente para cubrir necesidades básicas. Frente a este escenario, los autores de la iniciativa consideran imperiosa la intervención del Estado para poner límites a los abusos y evitar que los procesos de ejecución judicial terminen en el desamparo de los ciudadanos.

El tratamiento de esta ley continuará su análisis técnico y político en el ámbito de las comisiones internas de la Legislatura, donde se definirán los aportes presupuestarios que sustentarán el fondo, las pautas de elegibilidad de los beneficiarios y las penalidades para las entidades que incumplan con las instancias de mediación provistas por el nuevo marco normativo.