El concejal Costa Brutten busca frenar la licitación del vertedero con un llamado a referéndum popular
El edil del bloque "Incluyendo Bariloche" presentó un proyecto de ordenanza para que la ciudadanía decida sobre el cierre definitivo y la relocalización del Centro de Residuos Urbanos Municipal (CRUM). Además, adelantó que judicializará el intento del Ejecutivo de aprobar el pliego de licitación sin las mayorías necesarias.
En medio de una creciente tensión política por la gestión de los residuos en San Carlos de Bariloche, el concejal Leandro Costa Brutten lanzó una ofensiva legislativa que busca quitarle al Ejecutivo la última palabra sobre el futuro del basural. La iniciativa propone convocar a un referéndum obligatorio y vinculante para la primera semana de septiembre, donde los vecinos deberán votar por el traslado inmediato del vertedero y la creación de un repositorio regional.
La disputa se centra en la intención del oficialismo de avanzar con un nuevo pliego de licitación, el cual fue dictaminado recientemente en la Comisión de Gobierno. Costa Brutten denunció graves irregularidades en este proceso:
Falta de consenso técnico: Aseguró que existen informes del Hospital de Bariloche y de profesionales ambientales que desaconsejan continuar en el predio actual.
El concejal advirtió que el Ejecutivo pretende aprobar el pliego con 6 votos, cuando por normativa se requieren 8.
Ausencia de Participación: Denunció que no se ha realizado la audiencia pública correspondiente, lo que viciaría de nulidad todo el procedimiento.
Ante la posibilidad de una sesión extraordinaria inminente para aprobar la licitación, Costa Brutten confirmó que su bloque votará de forma negativa y recurrirá a la justicia. "Vamos a un proceso de judicialización para defender a los barilochenses y ponerle un freno a un intendente que en campaña prometió solucionar esto en un día y hoy hace lo contrario", disparó.
Como alternativa, el proyecto de ordenanza no solo propone el cierre del CRUM, sino la conformación de un vertedero regional con la participación obligatoria de la Provincia de Río Negro y el asesoramiento académico de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), específicamente a través de su carrera de Ingeniería Ambiental, para garantizar un seguimiento profesional e idóneo del traslado.
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