Lago Escondido: El Gobierno busca resolver mediante un acuerdo el conflicto judicial con el Grupo Lewis
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un escrito ante la Cámara Federal de Apelaciones para abrir una instancia de diálogo con el grupo inversor de Joe Lewis. El objetivo es resolver el litigio judicial sobre la titularidad y el acceso a las tierras.
El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Procuración del Tesoro encabezada por Rodolfo Barra, ha solicitado formalmente el inicio de una etapa de conciliación en la causa judicial que investiga la adquisición de las tierras que rodean Lago Escondido por parte de la firma Hidden Lake S.A.

Contexto del litigio
La controversia legal se centra en la presunta irregularidad en la compra de 12.000 hectáreas en la zona de frontera de Río Negro durante la década de 1990. Hasta el momento, el Estado Nacional mantenía una postura litigante, sosteniendo que la adquisición violaba las normativas de seguridad nacional y de protección de zonas fronterizas.
Sin embargo, el nuevo planteo judicial propone suspender los plazos procesales para buscar un acuerdo entre las partes. Esta decisión marca un cambio de estrategia respecto a las gestiones anteriores, que buscaban la nulidad de la venta y la restitución de las tierras al dominio público.
Puntos principales del proceso:
- Mesa de diálogo: El pedido busca establecer un mecanismo de resolución alternativa de conflictos para evitar la prolongación del juicio.
- Titularidad de las tierras: Se revisará la situación legal de la propiedad, que actualmente pertenece al magnate británico Joe Lewis.
- Acceso público: El acuerdo podría incluir definiciones sobre los accesos al lago, un punto de conflicto recurrente con organizaciones sociales y el gobierno provincial.
Desde el ámbito judicial se informó que esta solicitud de conciliación es una facultad de la Procuración, aunque ha generado diversos análisis sobre el impacto en la soberanía de zonas de frontera. Por su parte, los representantes legales de Hidden Lake S.A. han manifestado en ocasiones anteriores la legalidad de la compra y su disposición a resolver las disputas pendientes.
La Cámara Federal de Apelaciones deberá ahora decidir si otorga el plazo solicitado para que el Estado y la empresa privada avancen en la negociación de un posible acuerdo definitivo.
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