El debate sobre la presencia de la tecnología en las infancias suma un nuevo capítulo en la provincia. La legisladora Roberta Scavo (CC ARI - Cambiemos) presentó un proyecto de comunicación dirigido al Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro para promover la implementación de un “Pacto Parental” en los establecimientos educativos.

La propuesta no busca una prohibición impuesta por el Estado, sino generar una herramienta de acuerdo comunitario. El "pacto" consiste en que los padres y tutores de un mismo curso o grado firmen un compromiso conjunto para retrasar la entrega del primer teléfono inteligente (smartphone) a sus hijos, generalmente hasta los 13 o 14 años.

El efecto “manada” y la presión social

Según los fundamentos del proyecto, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las familias es la presión social. "Si todos los padres de un curso acuerdan esperar un poco más, se elimina la presión del 'todos lo tienen menos yo'", explicó Scavo. Esta acción colectiva permitiría que los niños vivan su infancia con menos ansiedad y mayor enfoque en el desarrollo de habilidades sociales cara a cara.

Argumentos de salud y convivencia

El proyecto se apoya en preocupaciones crecientes dentro de la comunidad educativa rionegrina:

• Salud Mental: Reducción de síntomas de ansiedad y depresión vinculados al uso temprano de redes sociales.
• Ciberseguridad: Prevención de casos de grooming, ciberacoso y acceso a contenido inapropiado para menores.
• Rendimiento Escolar: Mejora en los niveles de atención en clase, evitando las distracciones constantes de las notificaciones.

Un debate que crece en la región

Esta iniciativa se suma a otros antecedentes en la provincia, como proyectos que buscan regular el uso de dispositivos dentro del aula para fines estrictamente pedagógicos. Sin embargo, el Pacto Parental pone el foco en la responsabilidad compartida entre los adultos, entendiendo que el uso del celular es una problemática que excede las paredes de la escuela y comienza en el hogar.

El proyecto ya ingresó a la Legislatura y se espera que sea analizado en las comisiones de Educación y Asuntos Sociales, donde se podrían convocar a especialistas en psicopedagogía y tecnología para enriquecer la normativa.