La crisis del sistema de salud privado en Bariloche ha alcanzado un punto de extrema gravedad para los miles de afiliados de Unión Personal (UP) y Accord Salud. Según testimonios recogidos por el programa Ideas Circulares (Radio C), la prestadora mantiene cortados los servicios con el Colegio Médico de Río Negro desde principios de año, dejando a los pacientes en un estado de desprotección absoluta.

El drama no es solo administrativo, sino humano. Miriam, una de las damnificadas, relató que espera una cirugía desde febrero y que, debido a una enfermedad crónica, se encuentra "cautiva" del sistema: "No puedo cambiarme de obra social porque las preexistencias hacen que las otras prepagas me quieran cobrar sumas delirantes. Estoy atrapada".

El conflicto se caracteriza por una burocracia que parece diseñada para el desgaste del afiliado. Los puntos clave de la denuncia incluyen:

• Cuotas impagables sin contraprestación: Los afiliados reportan facturas que rondan los $200.000 mensuales, los cuales se debitan puntualmente a pesar de que no hay médicos que atiendan por la cartilla.
• Reintegros inexistentes: Aquellos que logran pagar una consulta particular (que ya promedian los $20.000 o más) no reciben el reembolso del dinero por parte de la obra social.
• Abandono de casos críticos: Se denunciaron situaciones de pacientes oncológicos con cirugías frenadas y niños que no pueden acceder a operaciones de amígdalas u otras especialidades básicas.
• Organismos que no dan respuesta: Desde la Defensoría del Pueblo (OMIDUC) les indican que solo intervienen si el caso es "de vida o muerte", una respuesta que Miriam calificó como "horrible y cínica".

Hacia un reclamo colectivo

Ante el colapso del sistema público, que no puede absorber la demanda de quienes tienen obra social, y la falta de respuestas en las oficinas locales de UP —donde los empleados se limitan a derivar los reclamos a una aplicación móvil gestionada desde Buenos Aires—, los afectados han comenzado a organizarse.

"Nos están dando por todos lados y parece que estamos dormidos. Siento que falta acción", expresó Miriam, quien hizo un llamado público a otros afiliados para iniciar una demanda legal colectiva. La recomendación de especialistas y oyentes apunta a judicializar los casos mediante recursos de amparo y realizar denuncias formales ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), único organismo con capacidad de sancionar a la prestadora por el incumplimiento de sus obligaciones básicas.

La situación es desesperante: familias que llevan 18 años aportando hoy se encuentran mendigando atención en un hospital público saturado, mientras sus aportes mensuales siguen financiando un servicio que, en la práctica, ha dejado de existir.