El conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo de Bariloche sumó un capítulo de alta tensión este lunes. Luego de que el Concejo Municipal aprobara una ordenanza destinada a regularizar la situación de 70 trabajadores municipales que desempeñan tareas bajo modalidades contractuales precarias desde hace años, el intendente Walter Cortés salió al cruce de manera tajante en declaraciones a Radio C 107.3, confirmando que utilizará su facultad de veto para frenar la normativa.

"Las voy a vetar, por supuesto", sentenció el jefe comunal al ser consultado sobre la iniciativa. Cortés calificó el proyecto como una "locura" frente al actual contexto económico y financiero de la ciudad, argumentando que la prioridad de su gestión debe estar centrada en la infraestructura y los servicios básicos antes que en el crecimiento de la estructura salarial del Estado local.

"No puede haber una institución donde se lleven el 60% de los impuestos en salarios de gente que muchas veces ni labura", disparó el intendente, elevando el tono de la discusión sobre la productividad y el estatuto del empleado municipal.

En su descargo, el intendente cuestionó no solo el pase a planta, sino también la visión de los concejales respecto a la inversión pública. Criticó que desde el cuerpo deliberativo se impulse la creación de un geriátrico municipal o la regularización de personal mientras la ciudad demanda soluciones urgentes en las calles. "No podemos hacer asfalto y queremos hacer un geriátrico o meter 70 personas más", comparó, vinculando estas decisiones con una supuesta intención de la oposición de "trabar" su éxito administrativo.

Para Cortés, el endeudamiento que generaría esta medida es inviable: "Quieren gastarse plata que no hay en los ingresos. ¿Quieren aumentar más impuestos a la gente? No, así no".

El argumento del Concejo: Fin de la precariedad

Desde la otra vereda, la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante buscaba dar respuesta a un reclamo histórico de trabajadores que, en muchos casos, llevan años encadenando contratos temporales sin los beneficios de la estabilidad laboral. El proyecto apuntaba a "regularizar a trabajadores que hace años están en la precariedad", argumentando que se trata de un derecho laboral básico y una deuda pendiente de la administración pública con su capital humano.

Sin embargo, para el Ejecutivo, esta medida es vista como un obstáculo político y económico. Cortés concluyó asegurando que la gestión actual se sostiene mediante el ahorro y el manejo eficiente de los impuestos de los vecinos, y que no permitirá que la "política estúpida" —según sus propias palabras— ponga en riesgo la viabilidad financiera del municipio.