En una jornada clave para la justicia de Bariloche, el fiscal jefe Martín Lozada solicitó formalmente que la exintendenta María Eugenia Martini sea declarada culpable por los delitos de defraudación contra la administración pública y peculado. El pedido, realizado este viernes 20 de marzo, marca el cierre de los alegatos en el juicio que investiga presuntas maniobras ilícitas en el marco del programa federal de viviendas "Techo Digno".

El eje de la acusación

La fiscalía centró su argumento en la existencia de una "práctica sistemática de sobrevaluación" de las obras. Según la investigación, el municipio certificó y pagó a las empresas constructoras (Oriente y Alusa) avances de obra que no se correspondían con la realidad.

En algunos casos, las auditorías revelaron que se documentaron avances de hasta un 45% por encima de lo efectivamente construido, lo que habría generado un perjuicio millonario al patrimonio municipal.

Además del fraude, Lozada sostuvo la acusación de peculado, señalando que fondos nacionales destinados específicamente a la construcción de viviendas fueron derivados a otras cuentas municipales para el pago de salarios e, incluso, utilizados para constituir plazos fijos.

Los imputados y la defensa

Junto a Martini, también enfrenta el pedido de culpabilidad Alfredo Milano, exinspector de obras, a quien se considera partícipe necesario de las maniobras.

Por su parte, la defensa de la exintendenta ha sostenido durante el proceso que no hubo dolo ni intención de defraudar, atribuyendo las inconsistencias a errores administrativos o a la complejidad del sistema de pagos nacionales en un contexto de alta inflación. Martini, en declaraciones previas, defendió su gestión asegurando que los fondos se utilizaron para mantener el funcionamiento del municipio y que las obras finalmente se concretaron a través del IPPV.

Definición inminente

El tribunal, presidido por Romina Martini e integrado por Marcos Burgos y Víctor Gangarrosa, escuchó las conclusiones de ambas partes y pasó a deliberar.

La resolución del caso, que ha llevado más de una década de investigación desde la denuncia original en 2015, tiene fecha confirmada: el próximo 30 de marzo se dará a conocer el veredicto que determinará la responsabilidad penal de los acusados.

Resumen de los puntos clave:

• Delitos imputados: Administración fraudulenta y peculado.
• Maniobra principal: Certificación de obras por encima de su avance real para favorecer a contratistas.
• Desvío de fondos: Uso de dinero del programa "Techo Digno" para otros fines municipales (sueldos y plazos fijos).
• Próximo paso: Lectura de la sentencia el 30 de marzo de 2026.